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Conversatorios CME: relacionamiento con comunidades indígenas y riesgos sociopolíticos sobre los proyectos del sector minero energético

Durante las sesiones de trabajo del 29 de noviembre, los Grupos de Empresas y Fuerza Pública y de Acuerdos de Paz compartieron con invitados especiales experiencias y directrices sobre la política de relacionamiento entre Fuerza Pública y comunidades indígenas y sobre los riesgos sociopolíticos para los proyectos del sector minero energético.

Frente al primer tema, el Coordinador de Grupos Vulnerables de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Fernando Lozano Olave, explicó la política sectorial de protección a comunidades indígenas que tiene su punto de referencia en la Directiva 16 de 2006. Resaltó el deber para los miembros de la Fuerza Pública de respetar los usos y costumbres de las comunidades, sus territorios, sus formas de gobierno propio y la jurisdicción especial. Destacó también la importancia de los oficiales de enlace con las comunidades, figura que se ha consolidado durante los últimos años y que ha sido fundamental para fortalecer la confianza de las comunidades en el Ejército y la Policía.

Dos oficiales que han sido modelo en el Ejército en su papel como oficiales de enlace compartieron su experiencia con el grupo y explicaron la trayectoria de la figura y su aporte en la construcción de una relación que cada día es más cercana. El respeto a sus costumbres y el apoyo a proyectos con respeto de su autonomía han generado espacios de acercamiento que eran impensables hace algunos años.

Por su parte, los doctores Jorge Ignacio Castaño, Director Ambiental, Social y de Sostenibilidad del Proyecto Ituango; y la doctora Ángela Benavides, asesora de derechos humanos y DIH del mismo Proyecto; compartieron su experiencia frente a demandas y acciones judiciales de diversa índole que han demorado y elevado los costos de los proyectos y de las operaciones.

Explicaron que si bien la confrontación ha disminuido y con ello los problemas de seguridad, en parte debido a la firma del proceso de paz, la acción social colectiva ha crecido exponencialmente y ello tiene relación con el alto grado de confrontación política. Actualmente son cada vez más frecuentes las audiencias públicas, acciones populares, acciones de grupo y demandas que ponen en riesgo las operaciones empresariales. Destacaron la necesidad de fortalecer los equipos de respuesta de las empresas para evitar que los proyectos se vuelvan inviables.

Los expertos definieron esta clase de litigio como la confrontación política planteada por organizaciones encargadas de materializar riesgos sociopolíticos para afectar el normal desarrollo de proyectos y operaciones empresariales. Para hacerle frente, recomendaron, entre otras acciones, dar respuesta oportuna y efectiva a las demandas de los ciudadanos en las zonas de influencia de las operaciones y tener una debida diligencia en materia de derechos humanos.

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