Con el objetivo de identificar lineamientos generales que aporten a la definición de una estrategia participativa frente al uso de la consulta popular y sus efectos en el sector minero energético, mediante la facilitación del diálogo entre diferentes actores, la Dirección Ejecutiva del Comité Minero Energético invitó a sus Asociados, a otras empresas del sector minero energético y a la academia a participar de una tertulia que se llevó a cabo el 15 de junio de 2017 en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Participaron como invitados especiales y expositores el Viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante; la experta en derecho minero y ambiental Ángela Salazar y, la Gerente de Derechos Humanos y Proyectos Estratégicos de AngloGold Ashanti, María Elvira Calero. Oscar Gaitán, Director Ejecutivo de Partners Colombia, guió las intervenciones y orientó el diálogo.

Después de explicar el contexto actual y las preocupaciones por el impacto que están generando las consultas populares en las empresas y en las economías locales, así como la inseguridad jurídica que pone en riesgo la inversión en nuevos proyectos, Oscar Gaitán presentó a los expositores y los invitó a compartir sus puntos de vista y a formular propuestas orientadas a encontrar salidas que beneficien los intereses tanto de las empresas como de las comunidades que se sienten afectadas por los proyectos.

La primera intervención estuvo a cargo del Viceministro de Minas. Señaló que el gobierno debe defender la estabilidad jurídica del sector que en su concepto se ha visto afectada durante los dos últimos años por dos razones: en primer lugar existe un vacío jurídico frente a instancias de participación para otorgar títulos mineros (aclarando que no está hablando en sentido estricto de concertación), vacío que ha sido aprovechado por diferentes sectores, incluso con intereses políticos. En segundo lugar, señaló que al ser declarado inexequible el artículo 37 del Código de Minas, se generó una confusión en el tema de competencias en cuanto este artículo señalaba de manera explícita que ninguna autoridad local podía disponer del subsuelo.

Para el doctor Cante, los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional han contribuido a generar inseguridad jurídica más que por el sentido de los fallos, por la lectura sesgada que se ha hecho de los mismos. Lo anterior debido a que algunos actores destacan apartes de los fallos sin contexto, pero la sensación que queda es otra cuando se hace una lectura integral de los mismos: la lectura completa permite aclarar y entender que faltan espacios de participación y mecanismos de concertación. Por esta razón, el gobierno considera que es el momento de que el Congreso legisle para definir las competencias entre nación y territorios en relación con el uso y explotación de los suelos.

El Viceministro invitó a reflexionar que, en todo caso, la oposición a las actividades extractivas no es de ahora, no se trata de una situación reciente. Explica que la resistencia a la explotación de minerales es generalizada y ha subsistido siempre y en todos los países. Fue enfático al señalar que siempre que se haga una consulta popular se va a perder pues no hay campaña que resista los argumentos que les venden a las comunidades. Está convencido que hay que defender las consultas y apoyar la existencia de espacios de concertación para llevar los argumentos de manera temprana y directa y no de manera tardía y a través de terceros que no siempre dan una lectura adecuada a los intereses de las comunidades.

El Viceministro concluyó que las consultas populares nos pusieron a pensar y nos retan a cambiar los paradigmas del diálogo social en los territorios. Para él, el modelo de desarrollo económico del país tiene que cambiar, se debe definir una nueva estructura económica que incluya a los territorios y se requiere una ley que regule la concertación, sobre la cual espera trabajar el Gobierno en lo que resta del periodo presidencial.

La doctora Ángela Salazar, experta en derecho minero y ambiental, explicó las tensiones entre derechos que se han derivado de la profusa lista de derechos que reconoce la Constitución de 1991. Destacó que ha sido la Corte Constitucional la que a través de su jurisprudencia ha tenido que formular reglas para definir la prevalencia entre un derecho y otro. Además, para el caso que nos ocupa, destacó que una de esas tensiones se da entre la minería y la participación ciudadana.

Para tratar de entender la confusión que ha llevado al desarrollo de numerosas consultas que ponen en riesgo la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos, la expositora hizo un recuento de las normas constitucionales que consagran competencias en relación con el uso y explotación del suelo y del subsuelo.

Así mismo, expuso los argumentos con los cuales la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 37 del Código de Minas, para concluir que esos mismos argumentos podrían ser aplicables a la disposición de la Ley de Participación Ciudadana que permite a los alcaldes hacer consultas populares sobre temas del suelo. En relación con los efectos de las consultas recuerda que el Consejo de Estado ha dicho que son vinculantes y obligatorios pero que no afectan situaciones jurídicas consolidadas.

La Gerente de Derechos Humanos y Proyectos Estratégicos de AngloGold Ashanti, María Elvira Calero, empezó por reconocer que la compañía que representa ha cometido errores pero que está aprendiendo de ellos.

Informó que cuando llegaron en el 2006 no tuvieron diálogo alguno con las comunidades, mientras que hoy hablan con ellas y van informando cada paso de sus proyectos. En un marco de respeto buscan dialogar con todos los actores y saben que no deben avanzar sin informar.

Explicó que en el caso de la consulta popular en Cajamarca hubo mucha desinformación tanto antes como después de la misma. Indicó que, por ejemplo, no se informó de manera suficiente que se presentó una abstención del 60% y que quienes votaron fueron influenciados con cifras de la compañía que eran inexactas o no existían.

Finalmente, señaló que si bien la experiencia indica que son compatibles minería y otras actividades, AngloGold Ashanti decidió suspender el trabajo en la Colosa a pesar de la gran inversión que habían hecho. No obstante, manifiestó que son conscientes que deben seguir dialogando con la comunidad y llamó la atención sobre el daño que causan estas consultas cuando no se hacen sobre información verídica y el impacto negativo que generan sobre las economías de los municipios y del país. Se preguntó si es válido que grupos minoritarios puedan decidir el futuro de millones de ciudadanos.