[divider]
[toggle title=»Memorias del evento» state=»open» ]
[/toggle]
[divider]
En el evento, la Corporación Comité Minero Energético, CME, conformada por empresas de los sectores petrolero, minero y de energía eléctrica, el Gobierno Nacional, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones empresariales y misiones diplomáticas en el país, presentó un análisis acerca de las oportunidades, impactos y riesgos, en seguridad y derechos humanos, que el sector anticipa en Colombia, de cara al fin del conflicto armado con las FARC.
Durante el evento, Luz Stella Páez, directora ejecutiva del CME, explicó las pautas que el sector minero energético propone al país para comprender los posibles escenarios del posconflicto y facilitar los cambios en el relacionamiento del sector empresarial con la comunidad y la fuerza pública, desde los nuevos desafíos de la seguridad.
El designado viceministro del Interior, Guillermo Rivera y el secretario de la Plenaria Mundial de Principios Voluntarios, Gare Smith, abrieron el evento. Luego se adelantaron dos paneles que permitieron la discusión sobre los riesgos y las oportunidades que tendrá el sector minero energético en el posconflicto.
Guillermo Rivera, viceministro del Interior, resaltó que el Gobierno Nacional, ahora más que nunca, estará apoyando al sector minero energético por medio de la institucionalidad en las regiones, con el fin de que las empresas puedan operar con mayor tranquilidad. “Este es nuestro gran reto lleno de voluntad y decisión, pensando prioritariamente en el desarrollo de la población y los territorios”, puntualizó.
María Victoria Riaño, presidenta de Equión Energía Limited, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la empresa privada a entender y atender las necesidades de la sociedad civil, es en este camino, en que debe avanzar el sector minero energético. “Es fundamental establecer acuerdos, en los que la atención a las necesidades de la sociedad se haga, entendiendo al otro con compasión”.
Por su parte, Yadaira Orsini, jefe de Economía para el Desarrollo y la Paz, de International Alert, afirmó que en Colombia es necesario que el sector entienda la seguridad como un derecho fundamental. “El país, indudablemente, necesita traer más a la luz las necesidades y problemáticas de las comunidades y es deber de la empresa, y del Estado, potenciar la paz en las regiones a través del desarrollo económico, oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida”.
Con este encuentro, entre otras actividades, la Corporación CME pretende contribuir al propósito del Gobierno Nacional de avanzar en la construcción de la paz territorial y fortalecer las relaciones entre las empresas, el Estado y las comunidades, en un marco de respeto de los DDHH y de generación de buenas prácticas para lograr entornos más seguros.
