El 2 de mayo de 2018, en el Club Metropolitan, la Directora Ejecutiva del Comité Minero Energético, Luz Stella Páez, y la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, presentaron el documento “Recomendaciones para una gestión respetuosa del derecho a la protesta social y frente a acciones ilegales y/o violentas que se deriven de su escalamiento”. Participaron del evento los asociados del CME y otras empresas, academia y organizaciones con interés en el sector minero energético. Por parte del Gobierno también estuvo presente José Noé Ríos, Director de Cedisco y asesor de la Presidencia, quien resaltó el crecimiento de la protesta social durante los últimos años como manifestación legítima que debe ser respetada.

Las recomendaciones emitidas por el CME son una herramienta concreta para que las empresas del sector minero energético actúen de manera responsable y respetuosa de los derechos humanos ante hechos ilegales o violentos derivados del escalamiento de la protesta social. Se trata de 59 lineamientos que desde un enfoque de prevención deben activarse en el momento mismo de la llegada de las empresas al territorio para su reconocimiento y la comprensión de la conflictividad social, presupuesto básico para prevenir la ocurrencia de hechos que comporten acciones ilegales o violentas. Su enfoque se orientan a los tres momentos clave de actuación, esto es, a prevenir el escalamiento, a gestionarlo cuando se presente y a desarrollar actuaciones posteriores. Su implementación invita a las empresas a abordar procesos de debida diligencia para gestionar los riesgos e impactos resultantes de sus actividades sobre los DDHH.

Francisco José Lloreda, Presidente de la ACP, saludó la expedición de las Recomendaciones y resaltó que en el marco de los conflictos es relevante llegar a acuerdos e identificar los interesas legítimos y las causas que subyacen a la protesta social, que en todo caso, debe ser pacífica y respetuosa de los derechos de terceros. Por su parte, Luis Fernando de Angulo, Director de CREER, destacó la necesidad de que las autoridades locales y demás actores en los territorios, apropien las recomendaciones y asuman en rol que les corresponde de conformidad con su competencia.

El ejercicio de construcción de estas recomendaciones inició en 2015 y su resultado es fruto del consenso de los integrantes del CME y la participación y aportes del Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Fiscalía General de la Nación, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en calidad de observador la Defensoría del Pueblo.