Arauca, 27 de febrero de 2014 – Conscientes de la responsabilidad del sector privado en materia de promoción y respeto de los derechos humanos, Ecopetrol, Occidental de Colombia y Oleoducto Bicentenario, como miembros del Comité Minero Energético para la Seguridad y los Derechos Humanos (CME – Seguridad y DDHH), organizaron un diálogo entre los sectores público y privado para reflexionar y compartir experiencias sobre cómo prevenir y atender los delitos extorsión y secuestro en el departamento de Arauca.
El conversatorio contó con representantes de las empresas organizadoras, instituciones del Estado y la Fundación País Libre, quienes participaron en dos paneles:
- Panel de empresas, que centró su atención en los retos que afronta el sector petrolero frente a los dos riesgos, así como las acciones que las empresas están ejecutando al respecto.
- Panel de expertos, en el cual estuvieron presentes la Gobernación de Arauca, la Fiscalía General de la Nación, la DIASE de la Policía Nacional, los GAULA militares y la Fundación País Libre. Allí se discutieron los principales obstáculos para la prevención de los dos delitos y se plantearon posibles soluciones.
El objetivo fue encontrar puntos de convergencia que permitan a las empresas, contratistas y autoridades de la región, trabajar de forma mancomunada en el manejo y prevención de estos delitos.
Además, el CME – Seguridad y DDHH presentó el documento “Recomendaciones para la Gestión de los Riesgos Extorsión y Secuestro” que describe diez prácticas útiles para prevenir y enfrentar estos delitos. Las recomendaciones son producto de la reflexión hecha durante año y medio por las empresas en el CME, junto con las autoridades del Gobierno Nacional y algunas organizaciones civiles.
Recomendaciones para la Gestión de los Riesgos Extorsión y Secuestro: una herramienta valiosa
La participación de empresas, gremios, entidades del Estado y organizaciones no-gubernamentales en el proceso de construcción del documento es el resultado del compromiso del sector minero-energético con los derechos humanos y la seguridad, así como el apoyo del Estado y el interés de la sociedad civil en la articulación de acciones entre las esferas pública y privada.
Las recomendaciones son diez:
- Prevención
- Indelegabilidad
- Coherencia
- Deber de denuncia
- No pago
- No contratación de seguros
- No contratación de negociadores
- Extensión a contratistas, subcontratistas y proveedores
- Compromiso con los derechos de las víctimas del secuestro
- Preparación para las crisis
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