El pasado 17 de enero, con participación de 36 de sus integrantes y con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Interior, el CME consolidó el documento «recomendaciones para una gestión respetuosa del derecho a la protesta social y frente a acciones ilegales y/o violentas que se deriven de su escalamiento». El documento recoge la discusión de más de dos años durante los cuales empresas, entidades y organizaciones de la sociedad civil propusieron reglas de actuación empresarial frente a hechos ilegales y/o violentos que deriven del escalamiento de la protesta social. Las organizaciones de la sociedad civil, que a su vez dialogaron sobre el tema con otras organizaciones de la misma naturaleza, aportaron puntos de vista valiosos para entender la protesta social pacífica como un derecho que debe ser respetado y garantizado.
Las recomendaciones propuestas se convierten en lineamientos de obligatorio cumplimiento para las empresas que pertenecen al CME y están orientadas a generar buenas prácticas para prevenir acciones ilegales y/o violentas derivadas de la protesta social, para reaccionar frente a estos hechos y para actuar una vez han cesado. De conformidad con las recomendaciones aprobadas, el marco de gestión empresarial debe ser respetuoso de los derechos humanos y participar, cuando sea pertinente, en la solución de los conflictos, respetando la competencia de las autoridades públicas.
Durante la discusión del documento, el CME escuchó a diferentes organizaciones y entidades externas y recogió las observaciones que formuló en su momento la Defensoría del Pueblo. Las recomendaciones sobre este tema complementan otras emitidas por el CME para elevar los estándares de derechos humanos y seguridad, así como para promover la implementación de los Principios Voluntarios de Naciones Unidas.
